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Por Pilar Paricio

Asistimos a un momento de grandes dificultades para muchas familias en situación de pobreza y exclusión residencial, en una España que pasó de la explosión de la burbuja inmobiliaria del 2008, a la crisis, los rescates bancarios, los recortes sociales y el continuo aumento del paro. Según datos de la encuesta de la población activa, el país ha alcanzado una tasa del 27% de parados, siendo entre los jóvenes del 57%. Desde que empezó la crisis han sido desalojadas 185.000 familias de sus hogares, mientras que solo en la ciudad de Barcelona se calcula que unas 3.000 personas no disponen de vivienda y duermen en las calles, en residencias sociales o en asentamientos informales sin condiciones higiénicas mínimas.

La falta de pisos de alquiler a un precio asequible dificulta el acceso a la vivienda de gran parte de la población, en especial de los jóvenes, ya que solo el 1% del parque total de viviendas es de alquiler asequible en España mientras otros países de la Unión Europea disponen de un 18%. En este país nunca se ha construido un parque importante de vivienda de alquiler social y las frágiles políticas de vivienda siempre han estado dirigidas a la venta.

Sorprendentemente, el país cuenta con un enorme parque de viviendas construidas y vacías, edificadas antes de la crisis y que, como no llegaron a venderse han acabado en manos de los bancos. Según el informe sobre el sector residencial en España de CatalunyaCaixa, en el 2012 había en España 810.000 viviendas construidas y pendientes de venta, es decir desocupadas.

Dado que hay mucha población sin vivienda y muchas viviendas sin ocupantes,
parecería coherente que este parque fuese destinado a vivienda de alquiler social y satisfacer así las necesidades de los ciudadanos, mas cuando las entidades financieras propietarias de las viviendas, han sido rescatadas con dinero público es decir, dinero de los ciudadanos. Pero los bancos se resisten con mucha fuerza a entrar en el diálogo.

Esta solución tan evidente es la que ha llevado a cabo el gobierno andaluz con el decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que multará a las entidades financieras que tengan viviendas vacías. También el gobierno catalán ha anunciado que gravará con un impuesto los pisos vacíos de bancos y promotores que no se pongan en alquiler. Sin embargo, estas propuestas están siendo fuertemente criticadas por el gobierno central, presidido por el Sr. Rajoy, y por los medios de comunicación afines.

Existe un clamor popular que exige la puesta en marcha de medidas para detener el drama que genera la pérdida del hogar de muchas familias. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca* (PAH) es el colectivo mas activo que denuncia esta situación y reclama soluciones. En enero del 2013 presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al senado con 1.400.000 firmas, pidiendo que la devolución de la vivienda fuera suficiente para anular la deuda con el banco y que las familias desalojadas pudiesen acceder a una vivienda de alquiler social. El gobierno central ha desconsiderado y desautorizado todas la peticiones de esta iniciativa, aprobando el viernes 19 de abril una reforma de la ley hipotecaria, acuciado por una sentencia del tribunal de la UE. Sorprendentemente, esta reforma no incluye las propuestas de la ILP.

Para mayor humillación, el gobierno central y sus medios han iniciado una campaña de desprestigio y criminalización de aquellos grupos que denuncian esta situación tan grave y preocupante. Han sido acusados de terroristas, fascistas, antidemocráticos, vagos, etc. recriminándoles que han perdido su vivienda por no querer pagar. ¡Es insólito escuchar estos agravios en las noticias de televisión de un país con un 27% de parados! El gobierno ha intentado también desviar la polémica llevándolo a si las manifestaciones de los afectados contra los políticos son o no éticas, escondiendo así el debate importante sobre el trato a los ciudadanos que no pueden pagar sus casa.

También jueces, fiscales y abogados están en desacuerdo con el gobierno central y mas de 500 juristas de toda España han firmado una declaración dando su apoyo a la ILP, reclamando la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Todos ellos exigen al gobierno que rectifique la ley hipotecaria para adaptarla a la normativa de la UE y evitar que España continúe siendo un paraíso para las entidades financieras en el sector inmobiliario.

Ante el desinterés del gobierno español, la PAH ha presentado una petición de amparo en la Unión Europea. Los representantes de la plataforma han denunciado ante la Eurocámara que el Gobierno español incumple el artículo 47 de la Constitución española, según el cual todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. También reclamarán la introducción de la dación en pago. La intención de los afectados es que el Ejecutivo comunitario abra un procedimiento de infracción contra España.

Siendo la vivienda un elemento básico para el desarrollo de las personas, para su integración, su interacción social y su dignidad, no podemos permitir que un gobierno sin escrúpulos anule este derecho. Los poderes públicos tienen el deber de facilitar los derechos a los ciudadanos, tanto la obligación de prestar servicios a la población, como la de prohibir abusos que se ejerzan sobre esta.

* El Colegio de Arquitectos de Barcelona ha presentado la candidatura de la PAH al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. También el Sr. Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO y Presidente de la Fundación Cultura de Paz, solicita que les sea concedido el próximo premio.

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