A partir de septiembre de 2025, los abonos de transporte público de Barcelona subirán un 40 %. Esta medida, anunciada por la ATM (Autoritat del Transport Metropolità), ha desatado una ola de indignación entre los usuarios, que ya cargan con una ciudad cada vez más cara y desigual.
La T-usual (viajes ilimitados durante 30 días) pasará de costar 20 € con bonificación a más de 28 €, mientras que el abono T-jove (hasta 30 años) alcanzará casi los 50 €. Aunque la ATM justifica el incremento como “…ajuste inevitable por el fin de ayudas estatales y costes operativos crecientes…”, colectivos sociales lo ven como una agresión directa al derecho a la movilidad
“…Nos venden sostenibilidad, pero penalizan el transporte público mientras el coche sigue subvencionado con infraestructuras millonarias…”, denuncia Marta P., portavoz de la plataforma Transport per a Tothom.
Varios países y ciudades europeas han demostrado que la gratuidad o precios simbólicos son viables con una estructura fiscal justa y una priorización social: Luxemburgo, Tallin, Malta, Belgrado, Montpellier o Miami, entre otras.
En España cada vez hay más ayuntamientos que implantan el transporte gratuito para sus ciudadanos. Así se hace en Manises, Marbella, Tenerife o Torrevieja donde todos los residentes se pueden desplazar en bus y metro gratis. Y si otros ayuntamientos pueden hacerlo, como dice una conocida canción… ¿Y Barcelona pa’cuando?
¿Qué alternativas hay para financiar el transporte público?
. -Impuesto al turismo urbano
Que parte de la tasa turística se redistribuya al transporte público, en vez de centrarse solo en lo que desde el consistorio dicen «comunidades vecinales afectadas». El visitante contribuye así a la movilidad sostenible que se utiliza.
.- Subvención estatal progresiva
Reclamar al Estado una financiación ligada al número de usuarios residentes, como en Tallin (Estonia), donde la gratuidad ha aumentado la población empadronada, ampliando ingresos por IRPF municipal.
.- Bonificaciones segmentadas
Mantener la gratuidad o tarifas ultra-reducidas para jóvenes, parados, personas en situación de exclusión y mayores, y cobrar solo a quienes pueden permitírselo (modelo social escalonado).
El derecho a moverse no es opcional.
En las pasadas elecciones municipales hubo un partido emergente formado únicamente por profesionales sin izquierdas ni derechas, basado exclusivamente en la gestión: «Barcelona ets tu» que ya llevaba en su programa este punto en concreto. Daniel Vosseler defendía el transporte público gratuito y ya tenía presupuestado el coste de ello y las posibles financiaciones, siendo la más factible la tasa turística: “…Nos dicen que debemos dejar de utilizar el vehículo privado, pero aumentan el precio del billete y muchas familias no pueden permitirse ese coste…” afirmaba recientemente.
Mientras el metro envejece y los autobuses no alcanzan muchas zonas periféricas, subir el precio es empujar a miles de personas hacia la precariedad y la exclusión territorial. La movilidad es un derecho básico, no un privilegio reservado.
¿Con qué autoridad moral va a defender ahora el Alcalde de Barcelona, Sr. Collboni, PSC, las políticas medioambientales en la ciudad?
Como ciudadanos, tenemos el deber y la obligación de exigir soluciones imaginativas y justas a nuestro Consistorio, en nuestro caso al Ajuntament de Barcelona.
¿Por qué no lo hacemos?
