CHUBUT BAJO PRESIÓN POR LA MINERIA Y EL RIGI
En la árida meseta central de Chubut, lejos de los grandes centros urbanos y del ruido político de Buenos Aires, se desarrolla desde hace años una disputa que mezcla poder, recursos estratégicos, necesidades económicas y una fuerte resistencia social: la exploración y posible explotación de uranio y otros minerales pese a la vigencia de la histórica Ley 5001, impulsada durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves.
La norma, sancionada en 2003 tras la enorme presión popular del movimiento “No a la Mina”, prohibió en la provincia la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos extractivos.
Sin embargo, más de dos décadas después, el debate nunca desapareció. Cambió de forma. Cambió de lenguaje. Y hoy vuelve a instalarse alrededor del uranio, un mineral considerado estratégico por gobiernos, empresas y el sector nuclear argentino.
La letra de la ley y sus zonas grises
Aunque socialmente la Ley 5001 quedó asociada a una prohibición total de la megaminería, distintos especialistas señalan que la norma no bloquea de manera absoluta toda explotación minera. La ley prohíbe específicamente la minería metalífera “a cielo abierto” y el uso de cianuro, pero no menciona otras metodologías ni sustancias químicas utilizadas en proyectos uraníferos.
Ese detalle técnico abrió durante años un debate jurídico y político.
Ingenieros mineros y sectores promotores del desarrollo extractivo sostienen que ciertos yacimientos de uranio podrían explotarse mediante minería subterránea, argumentando que no violarían literalmente la ley vigente. En cambio, ambientalistas y asambleas ciudadanas afirman que se trata de un intento de “forzar interpretaciones” para habilitar actividades rechazadas socialmente.
La controversia se profundiza porque algunos proyectos uraníferos, como Cerro Solo o Laguna Salada, son considerados de enorme valor estratégico para el abastecimiento nuclear argentino. Según informes difundidos en medios y documentos oficiales, Chubut concentra algunos de los mayores recursos uraníferos del país.
Exploración: la puerta que nunca se cerró mezclada con explotación al estilo, ojos que no ven nadie se entera.
Mientras la explotación minera quedó frenada por la presión social y las restricciones legales, la exploración continuó avanzando en distintas etapas.
Empresas privadas y organismos estatales realizaron estudios geológicos, cateos, análisis de reservas y trabajos exploratorios en zonas de la meseta chubutense. Algunos de esos proyectos fueron impulsados por compañías extranjeras interesadas en el crecimiento mundial de la energía nuclear y la demanda futura de uranio.
El caso de Laguna Salada volvió a encender las alarmas recientemente tras la aprobación de nuevas tareas exploratorias. Diversos sectores cuestionan que, aunque formalmente no exista explotación, la exploración constituye el paso previo indispensable para futuros desarrollos extractivos.
Para las asambleas ambientales, la estrategia sería gradual: primero la exploración, luego la discusión técnica, más tarde la “necesidad energética” y finalmente la habilitación política.
El fantasma de la zonificación
La tensión alcanzó uno de sus puntos más críticos en 2021, cuando la Legislatura provincial aprobó la llamada Ley de Zonificación Minera, impulsada durante el gobierno de Mariano Arcioni.
La iniciativa buscaba habilitar actividades mineras en sectores específicos de la meseta central, reinterpretando los alcances de la Ley 5001.
La reacción social fue inmediata.
Hubo movilizaciones masivas en ciudades como Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel. La presión popular terminó obligando al gobierno provincial a derogar la norma pocos días después de su aprobación.
Aquella derrota política dejó una conclusión clara: en Chubut, la minería sigue siendo uno de los temas más sensibles y divisivos de la vida pública.
El nuevo interés por el uranio
El escenario volvió a cambiar con el renovado interés mundial por la energía nuclear como alternativa frente a la crisis energética y la transición hacia fuentes con menor emisión de carbono.
En Argentina, distintos sectores políticos comenzaron a plantear nuevamente la necesidad de explotar uranio nacional para abastecer centrales nucleares y desarrollar exportaciones energéticas.
En ese contexto, Chubut reapareció como pieza clave. Informes periodísticos y declaraciones oficiales mencionan reuniones entre autoridades provinciales y nacionales vinculadas al potencial uranífero de la provincia. También resurgieron discusiones sobre el control de concesiones mineras históricas y el papel de la Comisión Nacional de Energía Atómica en yacimientos como Cerro Solo.
Para los sectores ambientalistas, el temor es que el uranio sea presentado como una minería “diferente” para intentar quebrar la resistencia social que durante décadas frenó la megaminería.
Agua, sequía y desconfianza
La resistencia en Chubut no se explica únicamente por razones ideológicas.
La provincia enfrenta desde hace años problemas estructurales de sequía, desertificación y crisis hídrica. En ese contexto, organizaciones sociales advierten que cualquier actividad extractiva de gran escala podría afectar acuíferos y cursos de agua fundamentales para poblaciones rurales y ciudades patagónicas.
A eso se suma un profundo descreimiento hacia los mecanismos de control estatal.
La historia petrolera de la Patagonia, los pasivos ambientales acumulados y la percepción de corrupción política alimentan la sospecha de que los beneficios económicos quedarían concentrados en pocas manos mientras los impactos ambientales recaerían sobre las comunidades locales.
Una discusión que sigue abierta
A más de veinte años de la sanción de la Ley 5001, Chubut al mando del gobernador TORRES continúa atrapada entre dos modelos enfrentados.
Por un lado, quienes sostienen que la provincia necesita explotar sus recursos minerales para diversificar una economía golpeada por las crisis petroleras, el desempleo y la caída de ingresos fiscales.
Por el otro, quienes consideran que abrir la puerta al uranio y la megaminería implicaría poner en riesgo el agua, el ambiente y el futuro de la Patagonia.
En el medio, sobreviven los intereses geopolíticos por minerales estratégicos, las empresas que nunca abandonaron la exploración y una sociedad chubutense que, cada vez que la minería reaparece en agenda, vuelve a dividirse entre promesas de desarrollo y el temor a convertirse en una nueva zona de sacrificio.
Hay 150 proyectos mineros de uranio, oro, plata y tierras raras pero la ley 5001 las prohíbe y se produce una batalla silenciosa, escondida por los minerales de la Patagonia
@elcorresponsalpatagonico
