Minnesota ha elevado el tono y ha dado un paso firme para frenar lo que considera un uso desmedido y peligroso de fuerzas federales en su territorio. El estado, junto a las ciudades de Mineápolis y Saint Paul, ha presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos denunciando un despliegue “sin precedentes” de agentes de inmigración que, según sus autoridades, está vulnerando derechos fundamentales y generando un clima de miedo incompatible con una sociedad democrática.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, fue contundente al calificar la situación como una “invasión federal” que ha sembrado “caos y terror” en las comunidades. Ellison denunció que miles de agentes armados y enmascarados del Departamento de Seguridad Nacional están actuando con una intensidad que excede cualquier parámetro razonable de seguridad pública. “Nuestro estado está sufriendo un daño grave. Esta intervención debe detenerse”, afirmó.
La demanda llega tras un episodio que ha conmocionado al país: la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, abatida por un agente del Servicio de Inmigración. Su muerte ha desencadenado protestas en todo Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de mecanismos efectivos de control y transparencia.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también elevó la voz contra lo que considera una actuación desproporcionada y contraria a los principios básicos del Estado de derecho. Frey denunció que en algunos arrestos se han desplegado hasta 50 agentes para detener a una sola persona, una escala que calificó de “injustificable” y ajena a cualquier lógica de protección ciudadana. “No estamos pidiendo que se deje de aplicar la ley. Estamos exigiendo que se detenga una conducta inconstitucional que invade nuestras calles cada día”, afirmó.
La situación en Minnesota no es aislada. El estado de Illinois ha presentado una demanda similar, evidenciando un creciente rechazo entre gobiernos locales y estatales ante el uso intensivo de fuerzas federales en tareas migratorias. Diversas organizaciones de derechos humanos han respaldado estas acciones, alertando de que la militarización de las calles y la intimidación institucional no pueden convertirse en herramientas de gestión pública.
Desde una postura firme y clara, las autoridades de Minnesota han reiterado que toda forma de violencia es inaceptable, especialmente cuando proviene de instituciones que deberían garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas. La defensa de los derechos humanos, subrayan, no es negociable y debe situarse en el centro de cualquier política pública.
En un momento de tensión creciente, Minnesota reclama un cambio inmediato de rumbo: menos intimidación y más garantías; menos fuerza y más derechos; menos miedo y más justicia. La demanda presentada es, según sus responsables, un paso imprescindible para recuperar la confianza ciudadana y frenar una deriva que amenaza principios esenciales de convivencia democrática.
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