Bustinduy acusa a Alquiler Seguro de abuso de mercado

Así lo precisó en una rueda de prensa en la que recordó que esta sanción alcanza un total de 3,6 millones de euros por la comisión de “seis acciones muy graves y una infracción grave” y subrayó que, “tal como garantiza nuestro ordenamiento jurídico”, la multa “es proporcional a los daños derivados de los abusos realizados por la empresa”.

Estos incluyen, según citó, cuestiones como la imposición de gastos por la formalización de un contrato o la gestión inmobiliaria o la contratación obligatoria de servicios no deseados, lo que, a su entender, “ha supuesto un sobrecoste evidente y abusivo para miles de inquilinos”.

Además de esta sanción pecuniaria, el ministro destacó que también se obliga a la inmobiliaria a “rectificar” los “incumplimientos detectados” de tal manera que “van a tener que eliminar estas cláusulas abusivas identificadas en sus contratos”.

En este contexto, reivindicó que todos los operadores económicos que actúan en España “tienen que cumplir la ley” y que Consumo “tiene como vocación principal y como obligación asegurar que los derechos de los consumidores se respeten”. “En todas y cada una de nuestras actuaciones, especialmente en el ámbito de la vivienda, persigue garantizar que se cumpla la ley y defender los intereses de los consumidores”, apostilló, al tiempo que dijo que “quien no incurra en prácticas abusivas y actúe desde el pleno respeto a los derechos de los consumidores no tiene nada que temer”.

CRISIS

“Ahora, quien intente utilizar la formidable crisis de vivienda que viven las familias trabajadoras en España para obtener de forma espurio beneficios económicos y un lucro desmedido el Ministerio de Consumo va a hacer cuanto sea necesario para asegurar que se cumpla la ley”, sentenció, al tiempo que señaló que existen “otras actuaciones en curso” sobre las que no se puede “pronunciar”, si bien reiteró que su gabinete va a hacer todo lo posible por “asegurar que se cumpla y se respete escrupulosamente la ley y se defienda los intereses de las familias trabajadoras y los inquilinos”.

Por último, expresó su “agradecimiento” al Sindicato de Inquilinas, a la OCU, a las organizaciones de consumidores que iniciaron este proceso y que, a su juicio, “una vez más, han demostrado el valor absolutamente esencial que tienen las organizaciones de consumidores” para “defender” los “intereses” de la ciudadanía y “para poder vertebrar y canalizar sus demandas haciendo que nuestra democracia sea más fuerte y sea mejor”.

Por su parte, el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, fue el encargado de aportar los detalles de este expediente que hoy finaliza e hizo hincapié en que la resolución “refleja” que “no estamos ante una incidencia aislada ni ante una sola cláusula abusiva”.

“Estamos ante un conjunto de prácticas contractuales y comerciales generalizadas que se extienden en el tiempo, que incluyen muchas cláusulas distintas y que todas ellas estaban dirigidas a que las personas inquilinas tuviesen que asumir los costes, cargas, riesgos y limitaciones que son incompatibles con la normativa de protección de las personas consumidoras”, concluyó.