Alerta y rechazo de editores, libreros, autores y legisladores de la oposición por el proyecto del Gobierno anarco capitalista para derogar la Ley del Libro y la Ley de Defensa de la Actividad Librera.
El gobierno nacional ha puesto sobre la mesa un proyecto que, de aprobarse, desmontaría dos pilares de la política cultural argentina: la Ley del Libro y la Ley de Defensa de la Actividad Librera. La propuesta, defendida por la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), sostiene que la eliminación de estas regulaciones permitirá una mayor competencia y, por lo tanto, precios más bajos.
La postura oficial es clara: la actividad librera no debería ser una excepción a las leyes de la oferta y la demanda. “Hablar de ‘desastre cultural’ por permitir la libre competencia es un desprecio a la capacidad del consumidor argentino”, planteó la oriunda de Mar del Plata Juliana Santillán, quien también cuestionó que el sector tenga un tratamiento diferencial frente a otros rubros de la economía.
Según esta visión, el precio único del libro -uno de los mecanismos centrales de la ley vigente- opera como una traba artificial que encarece el acceso y limita la entrada de nuevos actores al mercado.
Sin embargo, editores, libreros y autores han salido al cruce con una advertencia: la derogación de la ley no garantizará que los libros bajen de precio. Lo que sí hará, sostienen, es desproteger a las librerías independientes frente a la competencia desleal de grandes superficies y plataformas digitales que pueden absorber pérdidas en libros para atraer clientes a otros productos.
El sector editorial argentino, que ha funcionado durante décadas con un marco regulatorio considerado “modelo” en la región, teme que la desregulación termine concentrando el mercado en lugar de diversificarlo. Sin el precio fijo, una gran cadena podría vender bestsellers por debajo del costo, expulsando del negocio a las pequeñas librerías que no pueden competir en ese terreno. Una vez eliminada la competencia, el precio volvería a subir, pero sin la red de protección que antes existía.
El impacto más inmediato, en caso de avanzar la derogación, lo sentirían los dos eslabones más vulnerables de la cadena: los autores y los libreros independientes.
Para los escritores, especialmente los que publican en sellos medianos o pequeños, el precio único garantiza que su obra tenga el mismo valor en cualquier punto de venta. Sin esa regulación, las grandes cadenas podrían presionar a los editores para obtener condiciones preferenciales, reduciendo las regalías que llegan al autor o, directamente, dejando de lado los títulos de menor rentabilidad comercial.
Para las librerías, el panorama es aún más sombrío. La Ley de Defensa de la Actividad Librera establece, entre otras cosas, condiciones para evitar la competencia desleal que no tienen otros rubros. Sin ese paraguas, muchas de las librerías que hoy sobreviven en los barrios podrían desaparecer en pocos años, llevándose consigo no solo un negocio, sino un espacio de encuentro y mediación cultural que ninguna plataforma digital puede reemplazar.
Quienes se oponen a la desregulación sostienen que el acceso no es solo cuestión de precio, sino de diversidad, de presencia territorial y de sostenibilidad de una cadena que va del autor al lector.
La oposición legislativa
Entre las voces que salieron a cuestionar la iniciativa estuvieron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en que la medida favorecería la concentración del mercado editorial.
Bregman sostuvo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, “vuelve con su obsesión” de avanzar contra la cultura y recordó que una medida similar ya había sido impulsada en el DNU 70/23 y en la denominada Ley Bases original, aunque finalmente no prosperó.
Desde otro sector de la oposición, el diputado Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, destacó que la actividad editorial no sólo constituye una expresión cultural, sino también una industria que genera miles de puestos de trabajo y que involucra a editoriales, librerías, autores, traductores, correctores, diseñadores, imprentas y distribuidores.
El legislador también vinculó la iniciativa con otras medidas del Gobierno en áreas como ciencia, tecnología y organismos de investigación, y consideró que la eventual derogación de la Ley 25.542 implicaría un nuevo retroceso para uno de los rasgos distintivos de la identidad cultural argentina.
