La muerte de un joven migrante en Níjar (Almería), electrocutado mientras residía en el asentamiento precario de Atochares, ha reabierto el debate sobre las condiciones inhumanas en las que viven miles de temporeros que sostienen la industria agroalimentaria en Andalucía. A este caso se suma la muerte de otro trabajador en Huesca por golpe de calor, evidenciando la falta de protocolos de protección frente a temperaturas extremas y condiciones laborales insalubres.
Condiciones extremas y vulneración de derechos:
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha calificado estas muertes como «absolutamente evitables» y apunta a la responsabilidad directa de las administraciones públicas, que, según denuncian, “tienen conocimiento del problema desde hace años pero continúan aplicando medidas cosméticas e ineficaces”.
Mano de obra esencial, derechos ignorados
En las provincias de Huelva y Almería, la economía agrícola depende de la labor de miles de personas migrantes que, en muchos casos, viven en infraviviendas construidas con plásticos, cartones o materiales desechables. Sin acceso a agua potable, electricidad o servicios básicos, son víctimas de lo que APDHA define como “condiciones de semiesclavitud”, donde los derechos laborales y humanos parecen quedar al margen de las prioridades institucionales.
Estos asentamientos, invisibilizados por parte de las autoridades locales y autonómicas, representan un riesgo constante: incendios, accidentes eléctricos, enfermedades y golpes de calor son amenazas reales que, como demuestra la reciente tragedia de Níjar, pueden resultar fatales.
Discurso de odio desde la política
A esta situación crítica se añade el discurso xenófobo que, según APDHA, ha sido pronunciado por algunos responsables políticos. En particular, denuncian las declaraciones de Manuel Barroso, alcalde de Cartaya (Huelva), quien utilizó TikTok para culpabilizar a los migrantes de la criminalidad en el municipio y de la saturación de servicios públicos como la sanidad y la educación. APDHA considera estas afirmaciones como “gravísimas” y “profundamente racistas”, especialmente por parte de un representante público de una localidad cuya economía depende directamente de la mano de obra migrante.
El mensaje de la organización es claro: “Menos TikTok y más trabajo por el bienestar colectivo”, subrayando que los migrantes también son vecinos y vecinas de Cartaya que siembran y recogen los campos que sostienen su economía.
Exigir dignidad y protección
El problema no es nuevo: hace más de dos décadas que asociaciones como APDHA documentan esta vulneración sistemática de derechos. Sin embargo, las soluciones estructurales brillan por su ausencia. En lugar de generar espacios de diálogo, medidas de inclusión o políticas de protección real, se perpetúan discursos estigmatizantes y se ignoran las condiciones extremas de vida y trabajo.
La muerte de estos trabajadores, como recuerdan desde la asociación andaluza, “no son accidentes inevitables, sino el resultado de una cadena de negligencias, desidia institucional y explotación laboral”.
Ante este escenario, el llamado es urgente: garantizar alojamiento digno, condiciones laborales seguras y una convivencia basada en el respeto y la igualdad. Porque ningún ser humano debería pagar con su vida por el abandono de quienes tienen el deber de protegerlo.
Vía Pressenza
